Ciudad de México. La reciente inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) a la construcción de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa, de la empresa Gas Petroquímica de Occidente (GPO), no consultó a las comunidades indígenas mayo-yorome ni a los grupos ecologistas que litigan en contra del megaproyecto por los impactos a los ecosistemas de la región y a la sociedad, aseguró el Colectivo Aquí No.
Melina Sandoval Ochoa, integrante de esta organización, indicó en entrevista con La Jornada que con todos los procedimientos interpuestos buscan que se respete la ley ambiental y la jurisprudencia internacional. Esto incluiría, señaló, el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022, que interrumpió la construcción para consultar a todas las 15 comunidades afectadas sobre el proyecto antes de brindar un permiso a la compañía para seguir con el desarrollo.
La delegación de la Profepa, enviada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizó la semana pasada evaluaciones técnicas de permisos ambientales, revisó la situación jurídica de concesiones en la zona federal marítimo-terrestre y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente de la empresa, cuyas intenciones de construcción iniciaron de 2008.
Sandoval, indígena y pescadora de la región, señaló que los recorridos posiblemente se hicieron con los abogados de GPO y Marco Antonio Moreno León, nuevo titular de la Profepa en Sinaloa, quien recientemente comentó que la empresa cumple con las condiciones del resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), bajo el sustento de que no calienta, ensalitra, contamina ni mata a otras especies, cuando la planta aún está en operación.
La transnacional reportó en su MIA que la planta reducirá la calidad del aire, la cobertura vegetal, la calidad del entorno por ruido, la calidad del agua y la fauna bentónica; habrá pérdidas de suelos de tipo lacustre, superficie inundable, fauna silvestre, vegetación ruderal y matorral del mangle; existirá el desplazamiento de iguanas negras y aves estacionales, y habrá aumentos de temperatura del agua en sus canales, salinidad en el canal de descarga y contaminación de agua por amoniaco.
Para evitar que los municipios de Topolobampo, Ahome y los Mochis sean una zona de sacrificio, la ambientalista precisó que han interpuesto, a la par de las comunidades indígenas, distintos recursos al conocer con claridad los múltiples impactos que se provocarían con la construcción de la planta y su activación.
Acusó que ya cometió un crimen ambiental porque taló, secó y rellenó el humedal que da la cosmovisión a la población mayo-yorome y amenaza la actividad pesquera de 4 mil pescadores, además de poner en amenaza la vida de los ecosistemas, incluida la de la población.
